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    Debido al crecimiento en estos últimos años del número de reclamaciones por parte de clientes de entidades financieras que habían adquirido productos de inversión de gran complejidad,  surge la necesidad de hacer un seguimiento a dichas reclamaciones y facilitar en determinados casos mecanismos ágiles de resolución de controversias principalmente por medio de arbitraje.

    Es así como nace la COMISION DE SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS HIBRIDOS DE CAPITAL Y DEUDA SUBORDINADA aprobada por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto-Ley 6/2013, de 22 de marzo de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

    El funcionamiento de esta Comisión no supondrá incremento alguno del gasto público atendiéndose con los medios personales y materiales existentes y sus miembros no percibirán remuneración o dieta alguna por el ejercicio de sus funciones.

    Entre las principales funciones de la Comisiónestarán analizar los factores que han motivado la presentación de las reclamaciones tanto judiciales como extrajudiciales y la de elevar propuestas a las autoridades competentes con la finalidad de mejorar la protección a los adquirientes de este tipo de productos.

    La Comisiónelaborará trimestralmente un informe que tendrá que remitir al Congreso de los Diputados relativo a los aspectos fundamentales de las reclamaciones presentadas (entidad emisora de dichos productos, cuantía de la reclamación, perfil del cliente, lugar geográfico de comercialización de los productos…).

    En su reunión constitutiva celebrada el pasado 17 de abril de 2013 ,la Comisiónha procedido a  determinar los criterios básicos que habrán de emplear las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria  (FROB) al objeto de ofrecer a sus clientes el sometimiento a arbitraje de las controversias que surjan en relación con estos instrumentos financieros complejos con el fin de que queden adecuadamente compensados del perjuicio económico soportado en caso de laudo estimatorio.

    Los criterios establecidos han sido los siguientes:

    - Relativos a los requisitos de capacidad para contratar: la minoría de edad o incapacidad del suscriptor.

    - Relativos a la documentación contractual: la inexistencia de dicha documentación o incorrecciones en la misma y también la falta de documentación relevante en el expediente de contratación.

    - Relativos a la información proporcionada sobre el producto: la falta de información o información incorrecta sobre las características y riesgos del producto.

    - Relativos a la obtención de información sobre el cliente por la entidad: la ausencia de procedimiento o procedimiento incorrecto por parte de la entidad para recabar datos sobre el perfil del cliente y la acreditación por parte del cliente o reconocimiento por parte de la entidad de haber recomendado el producto sin haber realizado la valoración de idoneidad del producto para el cliente o de haber informado al cliente de manera verbal incorrectamente.

    - Otras circunstancias del cliente minorista concurrentes en el momento de la contratación como que la inversión siendo reducida, represente un porcentaje significativo del patrimonio del suscriptor.

     

    En la misma reunión constitutiva se han establecido también los criterios para designar al colectivo de clientes cuyas reclamaciones, en atención a la especial dificultad de sus circunstancias personales deberán percibir una tramitación prioritaria.

    Serán así objeto de arbitraje preferente los ahorradores que sean titulares de una inversión en los productos objeto de controversia inferior a 10.000 euros, en particular cuando la inversión proceda de un traspaso de productos de bajo riesgo de la propia entidad.

    Adicionalmente, a los efectos de considerar la tramitación de los expedientes, las entidades tendrán en cuenta las siguientes circunstancias particulares de los ahorradores:

    • Edad (de mayor a menor).
    • Ingresos familiares (de menos a más).
    • Composición del patrimonio: porcentaje de la inversión en los productos objeto de la controversia sobre el total familiar sin contar la vivienda habitual (de mayor a menor porcentaje).
    • Volumen de la inversión (de menos a más).

     

    La Comisiónha comunicado estos criterios al FROB y éste los ha trasladado a los Presidentes de sus entidades participadas con objeto de que se proceda a su inmediata aplicación.

    En la segunda parte del Real Decreto-Ley 6/2013, de 22 de marzo y debido a la necesidad de ofrecer liquidez a las acciones que los tenedores de estos instrumentos recibirán en canje de los mismos se amplían de manera extraordinaria y temporal las funciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

    De un lado se permite al Fondo la suscripción de acciones o deuda dela Sociedadde Gestión de Activos Procedentes dela ReestructuraciónBancaria(SAREB) y se le faculta también para poder adquirir las acciones no cotizadas que resulten de los canjes obligatorios de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de las entidades que no cotizan en un mercado oficial.

    Con el fin de mitigar los efectos de las dificultades que la falta de liquidez suficiente de sus títulos pueda comportar para los clientes minoristas, el Fondo irá adquiriendo de modo prioritario las acciones de aquellos clientes que segúnla Comisióntengan especiales dificultades por sus circunstancias personales o familiares.

    Se dota también al Fondo de los recursos suficientes para poder desempeñar adecuadamente estas funciones estableciendo una contribución única al mismo de un 3 por mil, a realizar por las entidades adheridas al Fondo sobre los depósitos computables  a 31 de diciembre de 2012.

     

    Este incremento se hará efectivo en dos tramos:

    - Un primer tramo equivalente a dos quintas partes del total, a satisfacer en el plazo de 20 días hábiles desde el 31 de diciembre de 2013.

    - Un segundo tramo equivalente a las tres quintas partes restantes, a satisfacer desde el 1 de enero de 2014 y dentro de un plazo máximo de 7 años.

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