Se veía venir. El Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a dar alas al Gran Hermano mediante la aprobación de una serie de medidas que colocan a la ciudadanía en una situación de total indefensión ante la insaciable voracidad del Ministerio de Hacienda. Bajo la mascarada de un plan antifraude, el Gobierno pretende atar de pies y manos a los ciudadanos y empresas cada vez que los inspectores del Estado despilfarrador toquen a la puerta. Las medidas del Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal otorga a la Agencia Tributaria unos poderes propios de un país autoritario en el que el Estado de Derecho no es más que un bonito concepto que se repite en los libros de texto pero se viola en el mundo real a través de mandatos gubernamentales.
Como en la mejor película de mafiosos, el Gobierno otorga a los funcionarios de Hacienda las atribuciones que en un país decente sólo podrían tener los jueces. Así, el Fisco podrá embargar a los supuestos deudores mientras el juez instruya una causa penal. Esta competencia socava la presunción de inocencia y vende al contribuyente ante el afán confiscatorio del Estado. Para colmo, el Gobierno quiere aprobar que la interrupción de la prescripción de una obligación interrumpa también la de cualquier otra obligación que tenga ese contribuyente. De este modo, Hacienda podría amedrentara sus sospechosos con inspecciones interminables.
Además, como ya se había anunciado, el Gobierno prohíbe a los ciudadanos usar más de 2.500 euros de su dinero en efectivo bajo la amenaza de multas del 25% de la cuantía total de los pagos que se realicen a empresarios o profesionales. En menos de un siglo la clase política ha expropiado el dinero, nos ha dado en su lugar papelitos que imprime a placer y ahora nos prohibe incluso pagar en las cuantías que nos venga en gana con esos papelitos. El objeto de esta medida es obligarnos a meter el dinero en el banco en un momento en que muchas instituciones financieras están al borde del colapso.
No cuela la excusa según la cual esta es una medida dirigida a evitar el dinero negro porque el dinero negro no lleva factura y es precisamente el que escapará a esta medida. Por otro lado, Hacienda establece que aquellos ciudadanos que se despisten o retrasen en sus obligaciones fiscales pueden llegar a pagar 100.000 euros de multa en vez de los 600 euros actuales. Para las empresas las medidas intimidatorias se concretan en castigos de hasta 600.000 por incomparecencia, retraso o escasa disposición a colaborar con unos inspectores del Fisco que trabajan a comisión. El nivel de colaboración, algo que debería ser absolutamente libre si realmente imperase la presunción de inocencia, lo decidirá por supuesto la propia Hacienda. Así, los subordinados de Montoro continuarán siendo juez y parte, sólo que ahora tiene un poder amenazador mucho más grande:“O reconoces que estás escondiendo datos –sea verdad o no– o te metemos un puro de 600.000 euros por falta de cooperación”.
Muchos contribuyentes admitirán que han cometido fraude aunque no sea verdad con tal de detener esa pesadilla. Estas medidas animarán a más de uno que tenga mucho que perder a tratar de poner su dinero a salvo en paraísos bien alejados de este infierno confiscatorio. Quizá conscientes de ese efecto, el Gobierno ha metido en el Anteproyecto multas de hasta 50.000 euros por el incumplimiento de informar de la tenencia de cuentas opacas en el extranjero; medida que personalmente dudo que sirva para evitar la huida.
Si lo que se quiere es reducir el sector informal, el Gobierno tendría que reducir los elevadísimos impuestos, tal y como recomienda continuamente un Índice de Libertad Económica que paradógicamente presenta cada año en España el think tank del Partido Popular.
Pero el PP ha hecho justo lo contrario cometiendo un atropello histórico al elevar los tipos impositivos sobre el IRPF hasta situarlos como los más elevados de Europa en todos sus tramos y al aumentar el castigo impositivo sobre el ahorro y los beneficios.
Estamos asistiendo a una auténtica huida hacia delante de un Gobierno que pretende mantener un Estado insostenible a base de chuparle la sangre a los contribuyentes que más valor aportan a la economía nacional. La alternativa valiente hubiera sido decirle a la sociedad que muchos de los servicios del Estado del Malestar debían devolverse a la sociedad civil, aligerando así el gasto público y la losa que sepulta a los españoles más productivos, permitiendo además una mejora de la competitividad del país. En medio del descalabro económico al que ha contribuido el gobierno actual con sus medidas fiscales nos vienen con esta draconiana ley contra el fraude. Ahora más que nunca no todos somos Hacienda.
Gabriel Calzada
Diario Expansión
