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    El BOE del día 28 de junio de 2013 publica la Sentencia del 21 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta) que declara la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 1.707/2011 de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y establecía la no obligatoriedad de afiliar al sistema de la Seguridad Social a los estudiantes que las realicen.

     

    Las consecuencias de esta decisión judicial anulando el referido Real Decreto son, en síntesis, las siguientes:

    a) Inclusión en el régimen general de la seguridad social de las personas que participan en programas de formación recobrando pleno vigor para los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,

     

    b) Obligación de la Entidades Colaboradoras (es decir, las empresas) de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a estos estudiantes en prácticas, siempre que perciban una prestación económica en concepto de bolsa o ayuda de estudio.

     

    c) Queda anulada asimismo toda la normativa de gestión y realización de las prácticas contenida en el Real Decreto 1.707/2011 de 18 de noviembre (tiempo máximo de duración, requisitos para realizarlas, contenido del convenio de cooperación, obligatoriedad del proyecto formativo y de los informes, etc.) y sustituida por la antigua contenida en los Reales Decretos 1497/1981, de 19 de junio, sobre programas de Cooperación Educativa y 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualizaba el anterior (obligación de haber superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para obtener el título, duración máxima 50% del curso académico rigurosamente).

     

    Por este motivo, las empresas deberán proceder a dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a los estudiantes que tengan en prácticas, incluso a aquellos que provengan de convenios firmados durante el tiempo en que estuvo en vigor el Real Decreto anulado.

    Asimismo a partir de este momento, el texto de los convenios que se firme entre la empresa y las Universidades o Centros autorizados para suscribir un Convenio de Colaboración, deberá preveer esta nueva situación.

     

     

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