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    Recientemente se han publicado en el BOE  mejoras técnicas en la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública con el objeto de facilitar su persecución y corregir determinadas deficiencias.

    Entre estas modificaciones destacar que ahora la Administración Tributaria podrá continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a que este pendiente el proceso penal así como la introducción de un tipo agravado para las conductas más graves o de mayor complejidad en su descubrimiento que se sancionan con una pena máxima de seis años, lo que lleva aparejado un aumento del plazo de prescripción a diez años.

    Se consideran supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada supera los seiscientos mil euros, aquellos en los que la defraudación se efectué en el seno de una organización criminal o en los que la utilización de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinación de la identidad o patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o de la cuantía defraudada.

    También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial y se armonizan las penas impuestas a la personas jurídicas responsables de delitos contra la Hacienda Pública con las ya previstas para las personas físicas responsables de los mismos delitos.

    ¿Para cuándo la misma “medicina” para los fraudes en el ámbito de lo público?

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