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    La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 2018 modifica la interpretación efectuada recientemente sobre la regulación de la retribución de los consejeros ejecutivos.

    El Tribunal Supremo sostiene en esta sentencia que el concepto de retribución de los administradores “en su condición de tales” incluye tanto la retribución de las funciones deliberativas como las ejecutivas y, por tanto, el régimen de aprobación de las retribuciones de los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas no se limita al régimen del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, sino que, además, debe someterse al régimen del artículo 217 y en consecuencia:

    • Los estatutos deben contener el sistema de remuneración de las funciones ejecutivas (aunque no se refiere a su cuantía); y

    • El importe que se abone por el desempeño de funciones ejecutivas debe estar incluido dentro del importe máximo anual establecido por la junta.

 

En consecuencia y con independencia de cómo se organice la administración de una sociedad, ya sea de forma simple, (a través de un administrador único, o de dos administradores solidarios o mancomunados), en los que las funciones inherentes al cargo incluyen las funciones deliberativa, de estrategia y de control y, especialmente, las funciones ejecutivas, de gestión ordinaria de la sociedad, como si se organiza de forma compleja a través de un Consejo de Administración, el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución, entendemos que deben constar en estatutos.

Del incumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley de Sociedades de capital relativas a la retribución de los administradores y a los requisitos que debe cumplir la misma puede resultar una situación de la contemplada en la letra f) del artículo 15 de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades respecto a la no deducibilidad fiscal del gasto de la retribución por corresponder a gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, aun cuando la letra e) del mismo artículo de la Ley del Impuesto no considere donativo ni liberalidad las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

La publicación de esta sentencia exigirá un análisis individualizado de cada caso concreto para adoptar las medidas que permitan a las sociedades adaptarse a la interpretación dada por el Tribunal Supremo.

 

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