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    La Ley 26/2015 de 28 de julio, que entró en vigor el 18 de agosto de 2015, viene a modificar la Ley Orgánica 1/1996 relativa a la Protección Jurídica del Menor, y viene a añadir un nuevo apartado al artículo 13 de la mencionada Ley, que queda redactado como sigue:

    “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.

    Dicha redacción viene a reforzar la posición del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores, ya que en estos casi 20 años se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica de los mismos.

    Por tanto, en aras a la prevención de dichos delitos, se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales cuya finalidad radica en proteger a los menores contra la explotación y abuso sexual, mediante un mecanismo de prevención que permite un mejor seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos no solo en España, sino también en otros países.

    No obstante, y pese a la seguridad jurídica que dicha medida supone, se puede entender que dicha norma colisiona frontalmente con un doble mandato constitucional. Por un lado viene a vulnerar el principio relativo a que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y la reinserción social. Por otro lado, esta medida constituye un obstáculo definitivo e irreversible en el acceso y mantenimiento del empleo de todos aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con menores y que hayan sido condenados por sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual.

    Sin embargo, dicha medida viene a responder a una necesidad de protección, amparo y tutela a los menores que siempre ha de ser considerado como primordial y superior sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir.

    No obstante no podemos dejar de evidenciar y reprobar la realidad que supone la puesta en práctica de la medida analizada, puesto que la Disposición Final Decimonovena de la Ley 26/2015 viene a incorporar Normas de la Unión Europea por las que se insta a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias para garantizar que una persona que haya sido condenada por los delitos comentados, pueda ser inhabilitada, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio de actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores.

    Sin embargo, en la transposición que hace la Norma comunitaria, el legislador ha obviado explicitar qué sucede en aquellos casos en los que el empleador no solicita o exige la aportación de una certificación negativa en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Con ello se facilita el acceso y el ejercicio de una profesión que implica contacto directo y regular con menores a aquellos sujetos que han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, provocando un riesgo de reincidencia en dichos delitos por los delincuentes sexuales, obviando la grave violación de los derechos fundamentales de los menores como son los abusos y la explotación sexual de los mismos, y por último eludiendo los derechos del niño a la protección y cuidados necesarios para su bienestar.

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