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    La Fiscalía General del Estado acaba de publicar la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o compliance en las empresas que tras la reforma efectuada por Ley Orgánica 1/2015 se configuran como una eximente de la responsabilidad penal. 

    La responsabilidad penal de la persona jurídica, se introdujo por primera vez en España por la Ley L.O 2/2010, viniendo a establecer que las personas jurídicas responden penalmente por la actuación llevada a cabo por sus empleados o directivos.

    La reforma introducida por la L.O 1/2015 aumentó el número de presupuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica y fomentó la implantación en las empresas de los “modelos de cumplimiento” o “compliance programs”, que se constituían como eximentes de responsabilidad penal y se dieron ciertas indicaciones de cuál debía ser el contenido de los mismos.

    La circular establece una serie de pautas que deberán seguir los fiscales en aras a valorar la eficacia de los “compliance programs” en las empresas.

     

    Entre las novedades más destacadas de la Circular cabe apuntar:

    1. En primer lugar, se mantiene el fundamento esencial de atribución de la responsabilidad penal a la persona jurídica por representación, es decir, la previa comisión de un delito por una persona física.  El primer hecho de conexión lo generan las personas con mayores responsabilidades en la entidad y el segundo las personas indebidamente controladas por aquellas.

    2.  Se amplía el catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas.

    3.  Se amplía la definición de las personas físicas que transfieren la responsabilidad penal a la persona jurídica permitiendo incluir a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones, incluidas las de control de riesgos que ostenta el oficial de cumplimiento.

    4.  Se modifica la interpretación de la gravedad de la actuación realizada por la persona física que se trate, (i) estableciéndose que deben haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia  y control, y (ii) sustituyendo la expresión “en su provecho” por la de “en su beneficio directo o indirecto”.

    5.  Se conserva la naturaleza objetiva de la acción, tendente a conseguir un beneficio sin exigencia de que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad. Además, permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo objeto social no persigue intereses estrictamente económicos, así como incluir, ya claramente, los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto, los consistentes en un ahorro de costes y, en general, todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales. Solo quedarán excluidas aquellas conductas que, realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficios.

    6.  Se establece una regulación de personas jurídicas imputables e inimputables. La Circular se adentra en la existencia de supuestos en los que es compatible la responsabilidad penal de la persona jurídica con la de la persona física responsable del delito, mientras que en otros no parece necesaria tal compatibilidad. Hay casos en los que la responsabilidad penal de una sociedad parece evitable, principalmente por la falta de autonomía frente a la persona física. La Circular apunta una exclusiva imputación de la persona física cuando existe “una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica” o un solapamiento de las voluntades de uno y otra. La doble incriminación podría dar lugar a una vulneración del principio “non bis in ídem”. Cabe añadir que un supuesto claro pudiera venir dado por situaciones de unipersonalidad societaria.

    7.  La exención de responsabilidad en las personas pública, son varias las personas jurídicas que se ven exceptuadas de responsabilidad penal como el caso controvertido de las sociedades mercantiles estatales que encuentran un régimen especial de responsabilidad.

    Pero el eje principal de la circular lo constituyen los modelos de organización y gestión como causa de exención de responsabilidad penal para la sociedad. El cumplimiento de un sistema adecuado de vigilancia y de determinados requisitos de organización y supervisión alejan a la persona jurídica de la responsabilidad penal derivada de delitos cometidos en su nombre por personas físicas.

    Estos programas, requieren un alto grado de desarrollo y tienen una evidente finalidad preventiva, son programas que persiguen “promover una verdadera cultura ética empresarial” y que tienden a “reafirmar una cultura corporativa de respeto a la ley”. En la misma línea se establece que es necesario conocer los riesgos y necesidades de cada sector y plasmarlos en un plan de cumplimiento que deberá contener, entre otros, un mapa de riesgos, una especificación de las obligaciones de cada uno de los miembros de la empresa y las consecuencias de su incumplimiento. Los modelos de cumplimiento deberán estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus riesgos concretos.

     

     

     

     

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