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Newsletter | 07/03/2016

    Las entidades sin ánimo de lucro -Fundaciones y Asociaciones-, son sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1, letra x), de la Ley 10/2010, si bien, en principio, no con carácter ordinario, sino con carácter especial en los términos establecidos en el artículo 39”.

    Así, prevé el art. 39, que las Fundaciones y Asociaciones deberán cumplir con determinadas obligaciones, tales como:

     

    • La necesidad de identificar a todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la Fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de la Ley; esto es, cumpliendo con la obligación de identificación formal y de identificación del titular real.

       

    • La obligación de conservar los registros y documentación soporte de la identificación a la que se hace referencia en el párrafo anterior, durante el plazo establecido en el artículo 25; esto es, durante 10 años.

       

    • Poner dichos registros y documentación a disposición del Protectorado y de los diferentes organismos administrativos y/o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.

     

    El Reglamento 304/2014, de 5 de mayo, que desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en su artículo 42, ha ampliado las obligaciones de las Fundaciones y Asociaciones, y con ello, ha dificultado en gran medida su aplicación práctica.

    Así, por un lado establece la obligación de identificar prácticamente de todos los donantes bajando el umbral mínimo de identificación de las personas que entreguen fondos a 100 euros, con lo que parece que desaparecerán los donantes anónimos, cuando ésta venía siendo una práctica habitual para dotar de fondos a estos tipos de entidades.

    Por otro lado, el Reglamento introduce una serie de medidas con las que se elevan los deberes de exigencia a estas entidades señalando la obligación que las personas que formen parte de sus órganos de gobierno y con las que colaboren, sean “idóneas”, “honorables” y con una “adecuada trayectoria profesional”.

    A tenor de lo anterior, estas entidades deberán contar con algún documento interno que plasme sus políticas y procedimientos para cumplir con esta materia y, asimismo, deberán informar a su personal y miembros del órgano de gobierno de cómo actuar en cada caso.

    Mediante la publicación del Reglamento se han desarrollado y generado nuevas obligaciones, y con ello nuevas cuestiones para este tipo de entidades, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, elevando el esfuerzo que se exigirá a las Fundaciones y Asociaciones en esta materia, y que se concretarán, con carácter preventivo, en la necesidad de auto-revisión de las mismas en función de su propio riesgo, y de documentación para acreditar el cumplimiento de la Ley y del Reglamento ante los organismos oportunos.


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